Cómo afecta la nueva ley de seguridad ciudadana al cannabis

Cómo afecta la nueva ley de seguridad ciudadana al cannabis

 

Aunque en muchos de los países de nuestro entorno se está siguiendo la tendencia a establecer medidas menos restrictivas para las conductas relacionadas con el consumo del cannabis, en España se lucha a contracorriente para evitar la realidad actual, y así dictar medidas más perjudiciales para dichos colectivos.

Es lo que parece que está sucediendo desde que el legislador ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el 30 de marzo de 2015.

Hay que decir, que el anteproyecto de ley era mucho más estricto, pero algunas conductas han sido modificadas o incluso eliminadas. Dicha ley ha sido aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con toda la oposición en contra.

En otros países, tanto al otro lado del Atlántico como en Europa, son muchos los dirigentes que han decidido dar el salto al siglo XXI. Un ejemplo se ha dado en la Comisión Global de Políticas contra la Droga, que apuntaba hacia una nueva línea de actuación. “La guerra contra la droga está siendo un fracaso, no podemos pretender que funcione”.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana supone la derogación de la denominada ‘Ley Corcuera’ de 1992 y pasa de contar con 39 artículos a tener 55. Las multas se dividen según las faltas o infracciones:

- Infracciones muy graves: multas de 30.001 a 600.000€

- Infracciones graves: multas de 601 a 30.000€

- Infracciones leves: multas de 100 a 1.000€

 

Veamos cómo han quedado algunas de las conductas de las que hemos mencionado.

Serán faltas graves:

- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.

- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas.

- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.

- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.

Como vemos, esta ley sanciona conductas que antes no eran delitos ni, en este caso, infracciones administrativas.

La ley endurece las sanciones por consumo, posesión y cultivo de forma considerable, triplicando la multa mínima (300 €) por tenencia de estupefacientes en la vía pública, prohibiendo el cultivo doméstico y no permitiendo la posibilidad de presentarse a un programa de rehabilitación en sustitución a la multa.

Los defensores de la legalización del cannabis aseguran que estas multas son excesivas y que la ley deja a criterio de los Cuerpos de Seguridad del Estado muchos aspectos fundamentales. Además, afirman que se está produciendo una verdadera “campaña” contra el cannabis. Ven como peligran los importantes logros conseguidos.

Hay que decir que lo que más significativo me ha resultado de la nueva ley ha sido las competencias asumidas por los Cuerpos de Seguridad del Estado. No está claro si hace falta una orden judicial para entrar en una vivienda o solo una decisión por parte de las autoridades cuando, por ejemplo, un agente de la policía visualice una planta en el interior de una vivienda. Aquí se deduce una posible violación de un derecho fundamental del individuo, como puede ser el derecho a la intimidad.

Esta ley responde a un paso atrás en la legislación respecto al consumo del cannabis, pero se espera que con el cambio de Gobierno se vuelva a modificar, ya que toda la oposición estaba en contra de la misma.

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